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  • PLENO CONOCIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES Y REGIONALES QUE LOS ESTADOS HAN SUSCRITO Y RATIFICADO
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  • REGULARIZACION DE PROPIEDADES URBANAS Y RURALES
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  • BRINDAMOS SERVICIOS DE INVESTIGACION LEGAL SISTEMATIZANDO LA INFORMACION Y ELABORANDO AUDITORIAS JURIDICAS
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  • PRESENCIA DE PROFESIONALES EN DIFERENTES PAISES DEL MUNDO
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  • INTEGRAMOS LOS PAISES A TRAVES DE NUESTRA ATENCION EXCLUSIVA VIA CORREO TELEFONO WHATS APP
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  • VELAMOS POR LOS DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN PROTEGERSE
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  • SERVICIOS AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
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  • ASESORAMIENTO A EXTRANJEROS Y AYUDA PARA REGULARIZAR SU SITUACION LEGAL
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  • BRINDAMOS SEGURIDAD JURIDICA CON INFORMACION ADECUADA Y PERTINENTE
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  • LUCHAMOS POR HACER PREVALECER TUS DERECHOS ANTE LOS JUZGADOS TRIBUNALES Y ENTES ADMINISTRATIVOS
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  • CONSTANTE ACTUALIZACION NOS HACE OPTIMOS EN LO QUE HACEMOS
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  • PRECAUTELAMOS QUE SE RESPETEN TUS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES
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  • INTEGRAMOS LOS PAISES Y CONOCEMOS LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES
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NORMAS LABORALES Y  SOCIALES VIGENTES EN  BOLIVIA:

 

      A).-  EN MATERIA   DEL TRABAJO:

              1).-   La Ley General del Trabajo  ( L.G.T. )  =  Ley 8/12/1942.

              2).-   Decreto Reglamentario  de la L.G.T. =  23/08/1943.

              3).-  Código Procesal del Trabajo  = D.L. No. 16896.- del   25/07/1979.-

              4).- Ley General de Higiene ,Seguridad Ocupacional y Bienestar  = D.L.  No. 16998.- del   2/08/1979.

              5).-  El D.S.  No. 21060.- del 29/08/1.985.-  ( Del Régimen Social  ) .- (  Del Art. 55.- Al    71.- ).

              6).-  El D.S. No. 28699.-  del  1/05/06.- ( Ley Evo Morales ).

              7).-  El  D.S.  No. 29.116.-  del   1/05/2007.-(Ley Evo Morales).

                         -  Se dispone a partir del 1/05/2.007.- el nuevo S.M.N. de Bs. 525.-, lo que corresponde a un incremento del S.M.N. de un 5%.

                         - El incremento salarial  en el Sector Privado para la gestión 2.007.- será acordado por el sector Obrero- Patronal, sobre la Base de un aumento del  5%.

              8).- Resolución Ministerial No. 551/2006.- de fecha:  6/12/2006.

                       a).-Procedimiento  Administrativo, para adecuación de     Reglamentos Internos de Trabajo, de empresas y Entidades sujetas al ámbito de la L.G.T.

                       b).-Procedimiento Administrativo, para Trámite de Reincorporación de Trabajadores Despedidos por Causas No Previstas en el  Art. 16.- de la L.G.T. y ).- de su D.R.

              9).-  Otras disposiciones normativas diseminadas.

                      ..........................................................................................

         B ).-  EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO : 

                1).-   Código de Seguridad Social  = Ley  del  14/12/1956.

                2).-    Reglamentos del Código de Seguridad Social.

         C).- EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A LARGO PLAZO:

                 1).-  Ley de Pensiones  = Ley No. 1732.- del 29/11/1996.

                  2).- D.S. Reglamentario de la Ley de Pensiones = D.S. 24469.- del 22/01/1.997.

                      - Prestaciones de : Jubilación, Invalidéz total o parcial, Muerte, Riesgos Profesionales, Riesgos Comunes, gasto funerarios.

          D ).-  Normas No aplicables en Materia Laboral En El Sector Público.

                1).-  En el Sector Público, antes de Ahora, de manera general en las Empresas Estatales y  en algunas Instituciones por Vía e Excepción,  se aplicaba la Ley General del Trabajo.

                2).-   Con la Puesta en Vigencia del  ESTATUTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO ( Ley No. 2027.- del 27/10/1999.-); Publicada en fecha 4/11/1999; mismo que entra en Vigencia en                        fecha 19/06/2.001.-) en el Sector Público deja  de aplicarse definitivamente la L.G.T.

                 3).- En el Sector Público en materia laboral se aplica:

 

                           -         El Estatuto del Funcionario Público.

                           -         Normas Estatutarias, Reglamentos Internos, Manual de Organización y Funciones, Manuales Operativos, Procedimentales.

                           -         Ley General de la Carrera Administrativa.

                           -         Ley del Sistema Nacional de Personal.

                           -          Ley SAFCO. (20/07/90), Sistemas de Administración de Personal, Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública.

Procedimientos administrativos.

 

Obtención de Licencia y manifiesto Ambiental en coordinación con ingenieros ambientales.

 

Analisis legal de estudios de impacto ambiental.

 

El derecho a un ambiente adecuado se deriva de otros, como el derecho a una alimentación adecuada, el derecho a la salud, e incluso el derecho a la vida.

Explícitamente ha sido recogido en varias Declaraciones de la ONU, como la Resolución de la Asamblea General 45/94 donde se puede leer que: “todas las personas tienen derecho a vivir en un ambiente adecuado para su salud y bienestar”.

 

También hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972; en la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992; en el Protocolo de Kyoto de 2005 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes que, en su artículo 3, reconoce el derecho a habitar el planeta y al medio ambiente.

 

Igualmente, el Protocolo de San Salvador establece en su artículo 11 que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

 

Aunque se trate de un derecho que no está explícitamente reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) su reconocimiento se deriva fundamentalmente de sus artículos 12 y 13. En el ámbito regional, destacan el Convenio Europeo de Derechos Humanos -artículo 8.1-, el Protocolo de San Salvador -artículos 7 (e) y 11- y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos -artículo 24-.

 

En el caso de Bolivia, cabe señalar que la Constitución Política del Estado aprobada el 2009 ha reconocido el derecho al medio ambiente en los siguientes términos: “Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente” (artículo 33 de la CPE).

 

Así también, se ha considerado que hay un reconocimiento de este derecho en la Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (también conocida como Declaración de Estocolmo), la cual establece como uno de sus principios que: “El hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”.

 

Al respecto, la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1082/2013-L, de fecha 30 de agosto de 2013, ha establecido que la connotación de derecho difuso, atribuida al derecho al medio ambiente, viene dada en primer lugar porque son derechos o intereses difusos aquellos “que corresponden a una pluralidad de personas que no pueden determinarse, lo que puede suceder por ejemplo cuando la distribución de un medicamento dañado amenaza a todo potencial usuario. Asimismo, por la naturaleza de estas circunstancias no existe la posibilidad de concebir que la pluralidad de sujetos estén organizados mediante mecanismos de coordinación de voluntades y menos que tengan una relación orgánica entre sí” (de acuerdo al entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº0176/2012 de 14 de mayo).

 

En este sentido, la misma Ley Fundamental con relación al resguardo de este derecho señala en su artículo 34, que: “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente”.

 

Y es que, aunque se trata de un derecho que no está explícitamente incluido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, su reconocimiento se deriva fundamentalmente de sus artículos 12 y 13, y la larga tradición de su presencia en el derecho internacional de los derechos humanos, corresponde a un momento histórico, en el cual la comunidad internacional ha asumido un programa de acciones destinado a conservar el hábitat de la humanidad para las generaciones presentes y futuras, este derecho que ha sido recogido por nuestra Norma Fundamental y desarrollado a través de la legislación ordinaria (Ley Nº 1333 del Medio Ambiente, de 27 de abril de 1992), que principalmente tiene por objeto la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.

 

Es importante hacer notar que la jurisprudencia constitucional ha dado un buen paso al haber considerado el importante avance que ha tenido el derecho humano al medio ambiente a nivel internacional, como referente para la comprensión de su contenido y alcances a nivel interno, de acuerdo a la configuración constitucional, para consecuentemente conceder la tutela en el caso respectivo.

 

Sin embargo, es indudable que el derecho al medio ambiente, como derecho fundamental, requiere un mayor desarrollo jurisprudencial en Bolivia, principalmente en cuanto a su contenido esencial y las formas en que puede considerarse vulnerado en determinados casos, para poder activar así mecanismos idóneos de protección en la defensa de este derecho, que ciertamente es esencial para la vida misma de todos los(las) ciudadanos(as) y habitantes del país, y así coadyuvar a generar entre nosotros (gobernantes y gobernados) una mayor concientización sobre la importancia de respetar y proteger nuestro medio ambiente, para lograr una convivencia sana y equilibrada, pero además, libre de contaminaciones que puedan dañar el entorno ambiental en que nos desenvolvemos diariamente.

 

Entonces, se trata simplemente de buscar mejores condiciones de vida con un ambiente saludable para todos(as) nosotros(as) y nuestras futuras generaciones.

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Se realizan procesos de saneamiento en el INRA.

La propiedad agraria se clasifica en:

  • Solar campesino, que constituye el lugar de residencia del campesino; es inembargable.
  • Pequeña propiedad, que es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia; es inembargable.
  • Empresa agropecuaria, que es la que corresponde a personas jurídicas, se explota con capital y personal suplementario; es transferible, hipotecable conforme a Ley Civil.

La dotación de tierras será gratuita, exclusivamente en favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias. Con excepción del solar campesino, la propiedad agraria tampoco podrá titularse en superficies menores a la pequeña propiedad.

 

Esto permite saber las características de la propiedad, prever que la carga de asentamientos humanos no exceda las posibilidades del uso sostenible de la tierra. Evitar las superposiciones de tierra y desarrollar un manejo forestal apropiado.

 

El solar campesino, la pequeña propiedad y los inmuebles de propiedad de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, están exentos del pago de los impuestos que grava la propiedad inmueble agraria, de acuerdo a lo que dispongan las normas tributarias en vigencia.

 

El Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar y consolidar el proceso de reforma agraria en el país y está constituido por: el Presidente de la República, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Comisión Agraria Nacional y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

 

Plan de Ordenamiento Predial

Se trata del levantamiento y ordenamiento de las propiedades a partir del catastro. Esto permite saber las características de la propiedad, prever que la carga de asentamientos humanos no exceda las posibilidades del uso sostenible de la tierra. Evitar las superposiciones de tierra y desarrollar un manejo forestal apropiado.

Por otro lado, permite dar seguridad jurídica a todos los propietarios de tierras y pobladores, además les permite ser sujetos de crédito y una mejor organización de la producción. Ayuda a las asociaciones o cooperativas a estimar la capacidad productiva que pueden tener de manera asociada.

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Constitución de concesiones mineras.

Constitución de Cooperativas mineras.

Amparos Administrativos mineros.

 

Elaboración de contratos de riesgo compartido y otros contratos mineros.

 

Coadyudamos el trabajo con ingenieros ambientales expertos en obtención de ficha ambiental y licencia ambiental.

 

A diferencia de lo que ocurre en países como Chile y Perú, donde el sector minero presenta perspectivas de desarrollo muy importantes por la llegada de grandes inversiones, en Bolivia, dada la actual situación de crisis en la que se encuentra este sector, es fundamental responder inicialmente a la interrogante planteada durante el proceso de consulta sobre el rol que jugara la minería en el futuro desarrollo del país y como este sector puede aportar a la transición hacia el desarrollo sustentable. El carácter estratégico de los recursos minerales está siendo cuestionado ante la emergencia del sector hidrocarburos como el de mayor potencial para convertirse en el motor del desarrollo nacional. Si bien no se pone en cuestión la importancia de la minería --particularmente en las regiones mineras tradicionales del occidente-- su importancia relativa como fuente generadora de divisas, regalías y tributos es muy probable sea desplazada por el desarrollo del potencial del gas natural.

Por otra parte, la importancia principalmente social de la minería pequeña, como generadora masiva de empleo, requiere acciones concretas para maximizar sus beneficios y minimizar los impactos socio ambientales negativos que produce. Con estos antecedentes, es fundamental priorizar en unas agendas de investigación, capacitación y formulación de políticas publicas, los temas que permitan comprender la posible evolución de la minería boliviana en las próximas décadas.

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